Provea cuestionó que el nuevo acuerdo entre la Casa Blanca y Miraflores se realiza en medio de la opacidad estatal que imposibilita los mecanismos de contraloría social. Por tanto, exigió a ambas administraciones informar al país el alcance, los términos y las condiciones bajo las cuales se suscribió dicho acuerdo La ONG Provea advirtió el viernes 28 de agosto que su país parece «estar derivando en una atípica tecnocracia autoritaria», en la que, según la organización, las autoridades «tuteladas» por Estados Unidos «se empeñan en satisfacer los intereses de los capitales transnacionales y en continuar desconociendo los derechos ciudadanos». Provea aseguró que cientos de personas continúan privadas de libertad por razones políticas «pese a los anuncios de reconciliación» por parte del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien dijo el lunes que 1.046 venezolanos han sido liberados desde enero, cuando comenzó un proceso de excarcelaciones pocos días después de que EEUU capturara a Nicolás Maduro. Además, según la organización civil, el «entramado jurídico que propició la criminalización y judicialización de miles de venezolanos sigue intacto y el sistema de administración de justicia continúa operando como instrumento para la persecución de la disidencia política y social». «Insistimos en que la solución a la crisis del país solo será posible si se adoptan las medidas necesarias que coadyuven a la superación de la profunda emergencia económica, manteniendo el centro en la realización de las conquistas sociales, la preservación del medio ambiente frente a los efectos del cambio climático, la democracia y la justicia social y ambiental», expresó. Tras la captura de Maduro el pasado enero, el gobierno de Delcy Rodríguez ha abierto sectores estratégicos de Venezuela como el petrolero, el minero y el eléctrico a la inversión extranjera, en medio de su estrecha colaboración con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a la vez que ha i
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
