El abogado Rafael Badell Madrid, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, denunció irregularidades en el juicio del caso Pdvsa-Cripto en Venezuela. Según Badell, las audiencias se están realizando de manera telemática, con los acusados participando mediante videoconferencias desde sus celdas mientras la jueza permanece en el tribunal. El jurista considera que esta modalidad vulnera garantías fundamentales del debido proceso y las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, al tiempo que busca reducir la exposición pública de las denuncias formuladas durante el juicio.
El caso Pdvsa-Cripto agrupa a más de 60 personas de perfiles diversos, incluyendo antiguos ministros, diputados, funcionarios públicos, empresarios, constructores, banqueros, agricultores, choferes y empleados. Badell denunció que los procesados permanecieron entre dos y tres años detenidos sin juicio y sin acceso adecuado a la defensa, antes de que iniciaran las audiencias en abril de 2026. El abogado calificó el expediente como un ejemplo de la falta de independencia judicial en el país.
Durante el proceso se han documentado denuncias de tortura y malos tratos contra los acusados, así como la apropiación irregular de bienes pertenecientes a los detenidos, entre ellos haciendas, empresas, hoteles e inmuebles. Badell señaló que varios acusados denunciaron haber sido torturados incluso en presencia de representantes del Ministerio Público, sin que estas denuncias hayan generado investigaciones posteriores. Asimismo, afirmó que las acusaciones públicas sobre pérdidas multimillonarias de recursos petroleros no han sido debidamente demostradas en el expediente.
El jurista insistió en que las presuntas irregularidades procesales deben examinarse de manera independiente, con total respeto a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 49 de la Constitución, independientemente de la responsabilidad penal que eventualmente pudiera demostrarse contra cualquiera de los acusados. Para Badell, estos hechos evidencian la vulneración sistemática del debido proceso y la necesidad de garantizar condiciones justas en los procedimientos judicales.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
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